El Gobierno Nacional, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 252/2026, introdujo cambios profundos en el Régimen de Aduana en Factoría (RAF), buscando eliminar ‘barreras de acceso’ y permitir que cualquier sector manufacturero pueda acceder a las ventajas impositivas y logísticas que hasta se encontraban reservadas a algunos sectores productivos.
¿Qué es el RAF?
El Régimen de Aduana en Factoría permite a las industrias importar mercaderías (insumos y componentes) con beneficios arancelarios y facilidades operativas, siempre que el destino final sea la producción local para exportación o mercado interno.
Según los considerandos del decreto, el sistema anterior era ‘obstructivo’. Para que una empresa pudiera ingresar al régimen, se requería la firma de un acta-convenio entre el Gobierno y la cámara empresarial del sector, lo que -según el texto oficial- funcionaba como una práctica restrictiva de la competencia.
Los 4 cambios fundamentales
• Apertura a toda la industria: se quita la necesidad de convenios por rama industrial. Ahora, cualquier compañía (persona humana o jurídica) que cumpla con los requisitos patrimoniales puede solicitar su adhesión individualmente.
• Inclusión de proveedores: por primera vez, los proveedores de las industrias adheridas podrán importar insumos bajo este régimen (‘proveedor asociado’), siempre que ese material se convierta en un bien intermedio destinado a la producción final de la empresa principal.
• Adiós a la ‘Garantía Global’: el decreto flexibiliza el tipo de garantías que las firmas deben presentar ante la Aduana. Esto permitirá a las PyMEs y grandes empresas elegir instrumentos financieros que no afecten tanto su liquidez.
• Control de ARCA: la autoridad de aplicación será la Secretaría de Industria junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con plazos máximos de 60 días para expedirse.
Salir del ‘monopolio’ automotriz
La norma destaca que, aunque el RAF ha sido un éxito durante dos décadas, su aplicación se concentró casi totalmente en la fabricación de vehículos y remolques, sector que representa solo el 7,2% del valor agregado bruto de la industria.
‘La demora en su implementación agravaría las condiciones de competitividad de la industria nacional frente a los mercados internacionales’.
Plazos y vigencia
El DNU entrará en vigencia dentro de 60 días, plazo en el cual los organismos correspondientes (ARCA y la Secretaría de Industria) deberán dictar las normas complementarias y reglamentarias para que las nuevas empresas interesadas puedan iniciar sus trámites de inscripción.
Con esta medida, el Ejecutivo apuesta a que la supresión de ‘terceros intervinientes’ y la reducción de costos de transacción actúen como un incentivo directo para la inversión privada y la generación de empleo en el sector manufacturero exportador.